MADRID – En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y con las elecciones del Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, ha pasado casi inadvertida la reciente -y ajustada- aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Cabe destacar que el interés del acuerdo reside más en el mero hecho de haberse aprobado que en cualquiera de sus cláusulas concretas. Simboliza la culminación de una década de esfuerzos para reformar el «sistema de Dublín» de gestión migratoria en la UE.
La necesidad de cambio era -sin duda- urgente: tan solo el año pasado, cruzaron las fronteras de la UE -oficialmente- unas 380.000 personas sin autorización (la cifra más alta desde 2016), sin contar el récord de 1,14 millones solicitantes de asilo. Los principales «países de llegada» (como Grecia, Italia y España) llevan tiempo pidiendo una distribución más justa de los solicitantes de asilo entre todos los países de la UE. Pero alcanzar un consenso sobre el tema ha resultado toda una odisea, por la divergencia de intereses y prioridades entre los Estados miembros.
Y esto no ha cambiado. El Pacto sobre Migración y Asilo se basa en un delicado equilibrio: los Estados frontera de la Unión acuerdan establecer centros de detención para mantener a los peticionarios durante la tramitación de solicitudes de asilo y organizar la repatriación de quienes no reúnan los requisitos; a cambio, el resto de países de la UE acogerán a una parte de los admitidos o participarán en iniciativas de reparto de costes. Pero muchos de los líderes políticos europeos consideran que esto no es suficiente.
MADRID – En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y con las elecciones del Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, ha pasado casi inadvertida la reciente -y ajustada- aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Cabe destacar que el interés del acuerdo reside más en el mero hecho de haberse aprobado que en cualquiera de sus cláusulas concretas. Simboliza la culminación de una década de esfuerzos para reformar el «sistema de Dublín» de gestión migratoria en la UE.
La necesidad de cambio era -sin duda- urgente: tan solo el año pasado, cruzaron las fronteras de la UE -oficialmente- unas 380.000 personas sin autorización (la cifra más alta desde 2016), sin contar el récord de 1,14 millones solicitantes de asilo. Los principales «países de llegada» (como Grecia, Italia y España) llevan tiempo pidiendo una distribución más justa de los solicitantes de asilo entre todos los países de la UE. Pero alcanzar un consenso sobre el tema ha resultado toda una odisea, por la divergencia de intereses y prioridades entre los Estados miembros.
Y esto no ha cambiado. El Pacto sobre Migración y Asilo se basa en un delicado equilibrio: los Estados frontera de la Unión acuerdan establecer centros de detención para mantener a los peticionarios durante la tramitación de solicitudes de asilo y organizar la repatriación de quienes no reúnan los requisitos; a cambio, el resto de países de la UE acogerán a una parte de los admitidos o participarán en iniciativas de reparto de costes. Pero muchos de los líderes políticos europeos consideran que esto no es suficiente.