NUEVA YORK – Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en los hechos, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE.UU. y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales tratos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE.UU. es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de Estados Unidos están cada vez más obstinados.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa – y más deshonesta – de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el gobierno estadounidense y otros gobiernos proporcionan seguros similares. No obstante, EE.UU. demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.
NUEVA YORK – Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en los hechos, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE.UU. y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales tratos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE.UU. es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de Estados Unidos están cada vez más obstinados.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa – y más deshonesta – de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el gobierno estadounidense y otros gobiernos proporcionan seguros similares. No obstante, EE.UU. demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.